El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, negó que las fuerzas de seguridad francesas tengan órdenes de "enfrentarse" a los estudiantes de secundaria que llevan más de dos semanas protestando en el país, en momentos en que crecen las denuncias de brutalidad policial tras varios días de movilizaciones que han dejado a cientos de heridos y más de 6.500 detenidos, en su mayoría menores de edad.
Lecornu habló la noche del miércoles en un discurso televisado a la nación, horas después de que el Ministerio del Interior anunciara la suspensión del uso de granadas aturdidoras en las protestas estudiantiles. Lecornu reconoció que el país no puede permanecer "indiferente" ante las demandas de los jóvenes y admitió que "la ira de los jóvenes no viene de la nada".
La decisión del Gobierno de suspender el uso de granadas aturdidoras se produjo después de que un adolescente de 15 años perdiera una mano el lunes en la ciudad de Lens, en el norte del país, durante un disparo policial con este tipo de artefacto. El ministro del Interior, Laurent Nunez, confirmó la medida en declaraciones a la emisora RTL.
"Estoy suspendiendo su uso en las protestas de estudiantes de secundaria hasta que se esclarezcan los hechos del incidente", declaró Nunez. El funcionario precisó que la suspensión rige "solo para las protestas de estudiantes de secundaria" y "el tiempo suficiente para entender lo que ocurrió".
El caso de Lens no es el único bajo escrutinio. La semana pasada, un estudiante de 14 años en el noroeste de París fue alcanzado en el rostro por una granada de gas lacrimógeno disparada a corta distancia y perdió varios dientes. Un policía fue imputado el martes por ese episodio.
Desde que comenzaron las protestas, se han abierto 18 investigaciones internas por denuncias de mala conducta policial, según informó Nunez. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y los propios estudiantes habían acusado a las autoridades de emplear fuerza desproporcionada para contener las manifestaciones.
Lecornu prometió que el Gobierno presentará a fines de octubre un plan de respuesta a la crisis, aunque no ofreció detalles concretos sobre las medidas. "En el pasado, demasiadas promesas no se cumplieron, simplemente porque eran insostenibles. Lo que quiero son respuestas concretas, rápidas y totalmente financiadas", afirmó el primer ministro.
La falta de una respuesta inmediata, criticada por los líderes estudiantiles tras reuniones mantenidas el miércoles en el Ministerio de Educación, no parece haber logrado calmar los ánimos.
Los organizadores convocaron nuevas manifestaciones para el jueves y varios sindicatos de educación llamaron a huelgas nacionales. "Sabemos que si dejamos de hacer oír nuestra voz, el movimiento perderá impulso", dijo Marilou, estudiante de secundaria en Fontainebleau, cerca de París, quien no quiso dar su apellido. "Queremos acción real, y hasta que la consigamos, seguiremos movilizándonos", agregó en declaraciones a la agencia AFP.
El líder sindical estudiantil Ryad Rani llamó a mantener la presión: "Quiero instar a los estudiantes, tanto de secundaria como universitarios, a mantenerse movilizados a partir de mañana. Porque el equilibrio de poder está de nuestro lado". Los manifestantes denuncian falta de profesores, horarios sobrecargados, aulas deterioradas y edificios que no soportan el aumento de temperaturas, y afirman contar con propuestas presupuestadas para presentar en un encuentro que han solicitado con Lecornu.
El deterioro educativo tiene respaldo en cifras internacionales: según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los adolescentes franceses de 15 años obtuvieron en 2025 un puntaje 43 puntos menor en comprensión lectora que en 2015, la mayor caída entre los países de la organización. Sus resultados en matemáticas también registraron el mayor retroceso.
Mientras la mayoría de las escuelas reabrió el miércoles, más de 500 permanecían al menos parcialmente cerradas, con estudiantes bloqueando las puertas con montañas de contenedores de basura. En el Liceo Lamartine, en el centro de París, los manifestantes cantaron la Marsellesa, corearon consignas y realizaron olas mexicanas mientras bloqueaban la entrada del establecimiento.
"Vimos que había muchas paredes en ruinas, escasez de profesores en las escuelas públicas, docentes ausentes", relató Gabriel Fillieule, exalumno de un colegio público que ahora asiste a uno privado. Él y otros manifestantes afirmaron que protestan para exigir mejores condiciones de aprendizaje para todos.
No todas las protestas fueron pacíficas. La policía utilizó gas lacrimógeno y replegó a manifestantes en una calle bloqueada con contenedores de basura frente a la universidad Sciences Po, en el centro de París.
Varios abogados que representan a menores detenidos por la policía aseguraron que estos sufrieron violencia física e insultos. Ainoha Pascual, abogada que representa a tres menores en París, dijo que fueron "aterrorizados" y señaló: "Una gran mayoría llega a la detención herida", tras haber recibido golpes de bastón o haber sido arrastrados por el suelo.
Por su parte, Prisca Ancion, del Colectivo para la Acción Judicial, afirmó a la AFP que todos los estudiantes de secundaria detenidos reportaron haber sufrido "un insulto, una bofetada, haber tenido la cabeza apretada contra el suelo, estrangulamientos".
El ministro de Educación, Edouard Geffray, informó al parlamento que 24 escuelas secundarias sufrieron daños por incendios o vandalismo de una magnitud tal que permanecerán cerradas durante semanas, lo que dejará sin clases presenciales a unos 30.000 estudiantes hasta su reapertura. El funcionario estimó que reparar los daños costará entre 20 y 30 millones de euros (entre 22 y 34 millones de dólares).
Lecornu calificó las demandas estudiantiles de "legítimas", pero también describió las protestas como las más violentas protagonizadas por estudiantes en décadas. La candidata presidencial de ultraderecha Marine Le Pen, que según las encuestas lidera las preferencias de cara a los comicios para suceder a Emmanuel Macron, sostuvo que quienes dañaron las escuelas deberían pagar las reparaciones en lugar de los contribuyentes. El Gobierno adoptó una postura similar e impulsa en el parlamento un proyecto de ley para establecer ese mecanismo.
Según una encuesta de la consultora Elabe para la cadena BFM TV, el 72% de los franceses considera legítimas las demandas de los estudiantes, aunque el 55% cree que las protestas deberían detenerse. El coordinador nacional del partido de izquierda Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, criticó la reacción oficial: "Se necesitó que varios niños quedaran mutilados de por vida para que Nunez dejara de usar granadas contra los estudiantes de secundaria". El Gobierno, por su parte, ha responsabilizado a la LFI de alimentar las tensiones en torno a las protestas.
