La pelea a fondo ya está declarada. El gobierno porteño no incluyó las indemnizaciones al personal de recolección de residuos en los nuevos pliegos del servicio, que regirán desde 2028, mientras el Sindicato de Camioneros anunció un "paro total" en el sector si no se contempla su reclamo, que equivale a pagar unos USD 200 millones como resarcimiento a los trabajadores.
La decisión de la administración de Jorge Macri, anticipada por Infobae, se confirmó este lunes en la audiencia pública y virtual en la que se analizaron los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la Ciudad dentro de dos años.
La amenaza del "paro total" fue efectuada hace 24 horas por el secretario gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, durante la movilización sindical convocada ante la Comuna 1, en Humberto Primo al 200, para presionar por el pago de las indemnizaciones en los futuros contratos del servicio de recolección de residuos.
La concentración fue encabezada por Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, quien profundizó sus críticas al gobierno porteño y advirtió: "Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida".
Tras resaltar que "no se contempla el pago de las indemnizaciones" en el pliego del nuevo contrato de la recolección de residuos, hizo hincapié en que es "un derecho adquirido que venimos cobrando desde hace más de 30 años en todas las licitaciones".
"Al ver a Macri paseando en París con Milei, viene con la idea de ajustar el bolsillo del trabajador, pero no lo vamos a permitir". dijo el sindicalista. Y agregó: "Vamos a defender esta conquista lograda con lucha y con mucha fuerza, como se logró hace 30 años cuando Hugo Moyano firmó por primera vez la indemnización y ya quedó para siempre. Este tipo (por Jorge Macri) lo quiere venir a sacar. No lo vamos a dejar, lo vamos a resistir".
La amenaza de Camioneros no tuvo ninguna réplica desde el gobierno de la Ciudad o el PRO, pero sí desde la oposición: el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) afirmó que "si nos tapan de basura a todos los porteños, Pablo Moyano debe terminar preso".
"Ningún trabajador de recolección de basura va a perder el puesto de trabajo ni la antigüedad -dijo-. Pretender una indemnización es una extorsión mafiosa".
Del Gaiso es el autor de un proyecto de ley que fue presentado el año pasado en la Legislatura porteña, conocido como "Ley Anti Moyano", que establece que si hay continuidad laboral en las empresas no corresponde indemnizar por parte del gobierno porteño y que si se producen ceses los pagos deben correr exclusivamente por cuenta de las compañías, e incluso contempla sanciones para los funcionarios que convaliden este tipo de indemnizaciones con fondos del Estado.
Más allá de que el gobierno porteño no incluirá el pago de las indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, en septiembre de 2028, aún quedan dudas acerca de qué pasará con las indemnizaciones previstas en los contratos actuales: el sindicato de Hugo y Pablo Moyano no está seguro de que en el presupuesto de la Ciudad para 2028 estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector.
En el último pliego licitatorio, dentro del Régimen de Personal Operativo figura el ítem "Indemnizaciones Finales", que establece: "Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que esta indemnice a los trabajadores".
Algunos interpretan que esa mención en el pliego vigente constituye una abierta contradicción normativa: mientras el contrato obliga al gobierno de la Ciudad a financiar con fondos públicos las indemnizaciones finales al concluir la concesión, el artículo 19 de la Ley N° 4120, que fija el marco regulatorio del servicio público porteño de higiene urbana, exige simultáneamente garantizar la continuidad laboral de toda la plantilla.
El resultado, según quienes siguen de cerca este polémico tema, es que los contribuyentes terminan pagando con sus impuestos una millonaria caja por "despidos ficticios" a empleados que siguen operando en el mismo servicio sin perder un solo día de trabajo.
El trasfondo del enfrentamiento que se perfila es la aplicación de la polémica Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que, cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Esa "ley", en realidad, no tiene basamento jurídico alguno sino solo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.
